La gran inversión de la administración Trump en Intel
Durante la tarde del viernes, Intel confirmó un acuerdo con la administración del presidente Donald Trump por el que el gobierno de Estados Unidos adquirirá una participación del 10 % en la empresa, a través de una inversión de 8 900 millones de dólares en acciones ordinarias. Lo notable del acuerdo es que no involucra fondos nuevos: en su lugar, se utiliza dinero ya aprobado para Intel como subvenciones, pero aún no desembolsado, bajo la Ley CHIPS y otro programa llamado Secure Enclave. En un mensaje publicado en su red social Truth Social, Trump afirmó: “Los Estados Unidos no pagaron nada por estas acciones” y lo describió como “un gran trato para América y también un gran trato para INTEL”.
Conversión de subvenciones preexistentes y controversias legales
El monto de 8.900 millones de dólares se compone de 5.700 millones procedentes de subvenciones ya adjudicadas bajo la Ley CHIPS, pero pendientes de pago, además de 3 200 millones otorgados a través del programa Secure Enclave. A pesar de que Intel ya había recibido 2.200 millones en subvenciones CHIPS, solicitó un reembolso adicional de 850 millones que aún no ha sido pagado. Varios abogados y banqueros han advertido que podría no estar permitido convertir estas subvenciones en acciones, lo que abriría el acuerdo a posibles desafíos legales.
Intel, por su parte, ha señalado que el gobierno simplemente está cumpliendo con compromisos ya hechos, liquidando esas subvenciones mediante equidad en lugar de desembolsar efectivo nuevo. Esta operación convierte al gobierno de EE. UU. en uno de los principales accionistas de la compañía sin ejercer control de gestión, ya que el acuerdo prevé una participación pasiva; no incluirá representación en la junta directiva y solo se acordó que el gobierno votará junto con el consejo en asuntos de accionistas, con muy pocas excepciones.
Este giro representa una intervención gubernamental infrecuente en el sector tecnológico, fuera del contexto de una crisis financiera. Trump ha enfatizado que el pacto busca revitalizar la producción doméstica de semiconductores y reducir la dependencia de Estados Unidos respecto a China. Sin embargo, también ha suscitado críticas por parte de liberales de mercado. Por ejemplo, en un artículo de opinión, se advierte que una participación estatal podría distorsionar las decisiones corporativas de Intel y erosionar principios de libre competencia, además de desalentar la inversión privada.
Vía – Techcrunch
