Proyecto de Ley para emprendedores en Argentina permitiría el Crowdfunding

El emprendimiento se encuentra de moda en el mundo, y eso es algo que los gobiernos no pueden dejar de lado en sus políticas de desarrollo y sostenibilidad. En ese sentido el ministerio de Producción, a través de la Secretaría Pyme (SePyme), se encuentra por presentar el proyecto de ley apoyado por la Asociación de Empredendores de la Argentina (ASEA).

Se trata de un proyecto de Ley para emprendedores que abriría las puertas para que los emprendedores argentinos puedan legalizar sus emprendimientos de forma mucho más fácil, permitiendo que se puedan crear firmas, dar de alta CUITS y abrir cuentas de banco en un solo día.

Qué ofrece este Proyecto de Ley para emprendedores

Lo primero que incorpora este proyecto es una nueva naturaleza jurídica en las empresas. Se trata de la Sociedad por Acciones Simplificada (SAS).

La SAS es un modelo de legislación basado en el derecho anglosajón, es un concepto nuevo de sociedad, que puede crearse de forma online en el día y puede ser de un solo socio. Dijo Manuel Tanoira, Director de políticas Públicas de ASEA

Este tipo de legislación ya se encuentra implementada en otros países como Colombia, convirtiendo la SAS en una especie de híbrido entre una sociedad unipersonal y una sociedad anónima, siendo la primera sociedad que se puede crear con un solo socio.

Para la legislación de Argentina la principal ventaja que ofrece la SAS es que si el emprendedor suma a un socio, no tendrá que modificar el tipo de sociedad jurídica, que es lo que actualmente ocurre con la sociedad unipersonal.

El Crowdfunding se regularía en Argentina con este proyecto de Ley

Otro de los puntos interesantes de este proyecto de Ley tiene que ver con el Crowdfunding, que es actualmente uno de los modelos de financiación que tienen los emprendedores para financiar sus proyectos.

En caso de aprobarse la Ley se crearía una plataforma virtual donde cada banco tendrá su propia plataforma, a través de esta los Emprendedores podrán ofrecer hasta el 10% de las acciones de su empresa para que sean compradas por otras personas.

Sin embargo, el ciudadano solo podrá destinar hasta un 5% de sus ingresos anuales en este tipo de operaciones. Por supuesto todas las operaciones están reguladas por las entidades respectivas.