Instagram enfrenta presión legal por retrasos en funciones de seguridad para adolescentes
Documentos judiciales que revelan que Instagram enfrentó cuestionamientos por haber tardado varios años en implementar funciones clave de seguridad para adolescentes, como un filtro que difumina imágenes con desnudos en los mensajes directos. Según la información presentada en la demanda, la empresa conocía desde 2018 que los menores podían recibir contenido sexual no solicitado a través de mensajes privados.
En una declaración incluida en el expediente judicial, el director de Instagram, Adam Mosseri, reconoció que la compañía sabía que los mensajes directos podían ser un canal para la circulación de imágenes explícitas dirigidas a adolescentes. Sin embargo, la herramienta de protección no fue lanzada hasta abril de 2024, lo que generó cuestionamientos por parte de fiscales estatales.
La demanda sostiene que la empresa matriz, Meta, estaba al tanto de los riesgos potenciales para menores pero no actuó con la rapidez necesaria. Durante el interrogatorio, se planteó si la compañía debió haber advertido antes a padres y tutores sobre la posibilidad de que los adolescentes recibieran contenido dañino en la plataforma.
El debate sobre responsabilidad y protección juvenil
Los fiscales argumentan que el problema no se limita a la existencia de funciones actuales de seguridad, sino al tiempo que tomó implementarlas pese a conocer los riesgos. Datos citados en el proceso indican que un porcentaje significativo de adolescentes afirmó haber visto contenido sexual no deseado o material relacionado con autolesiones dentro de la aplicación.
Aunque Instagram ha incorporado nuevas herramientas de control parental y filtros automáticos, el caso judicial se centra en si la empresa priorizó el crecimiento y la participación de usuarios por encima de la protección temprana de menores. La discusión forma parte de un debate más amplio en Estados Unidos sobre la regulación de redes sociales y la seguridad infantil en entornos digitales.
Este proceso se suma a otras acciones legales contra grandes plataformas tecnológicas, en las que se alega que no actuaron con suficiente diligencia frente a riesgos conocidos para jóvenes usuarios. El caso podría influir en futuras políticas de supervisión y en la presión regulatoria sobre empresas de redes sociales.
Vía – Techcrunch
